La crisis de seguridad en la Región Metropolitana es sin duda el principal tema de preocupación para comerciantes y ciudadanos por igual. La percepción de inseguridad ha crecido de manera alarmante y durante los últimos años hemos perdido a manos de la delincuencia barrios comerciales emblemáticos, como lo son San Diego y Meiggs, por mencionar algunos. Esto afecta no solo el día a día de los emprendedores, sino también la calidad de vida de quienes habitan diariamente estos espacios.

El comercio, motor fundamental de la economía, ha visto cómo los robos, asaltos y la violencia han escalado en los últimos años. Desde pequeños negocios familiares hasta grandes cadenas de retail, todos se sienten vulnerables ante una ola de delitos que parece no dar tregua. La pandemia exacerbó problemas preexistentes, pero hoy nos enfrentamos a una realidad en la que muchos comerciantes deben invertir recursos considerables en seguridad privada, lo que impacta directamente en sus márgenes de ganancia.

Las estadísticas hablan por sí solas. Según informes recientes, los delitos contra la propiedad han aumentado, y las denuncias de robos en locales comerciales se han vuelto comunes. Esto no solo afecta a los dueños de negocios, sino que también repercute en los empleos y en el servicio que se ofrece a los clientes. Los consumidores, temerosos de ser víctimas de la delincuencia, piensan dos veces antes de salir a comprar, lo que genera un efecto dominó en la economía local.

En este contexto, los gremios de comerciantes juegan un papel crucial. Estas organizaciones no solo representan los intereses de sus miembros, sino que también son una voz poderosa ante las autoridades. Los gremios pueden abogar por medidas de seguridad más efectivas, fomentar la colaboración entre comerciantes y facilitar el acceso a recursos para mejorar la seguridad de sus locales. Iniciativas como la creación de redes de apoyo y la implementación de sistemas de alerta temprana son esenciales para enfrentar la delincuencia de manera coordinada.

Además, la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades agrava la situación. Aunque se han implementado diversas medidas, muchos sienten que son insuficientes. La presencia de carabineros en las calles es vital, pero debe ir acompañada de políticas integrales que aborden las causas profundas de la delincuencia. La inversión en programas de prevención, educación y reinserción social es fundamental para desarticular las estructuras delictivas que operan en nuestras comunidades.

La seguridad no es solo un asunto de leyes y policías, sino también de confianza. Es necesario crear un ambiente donde los comerciantes se sientan respaldados por el Estado y la sociedad. Iniciativas que promuevan la colaboración entre empresarios, vecinos y autoridades pueden ser un camino para mejorar la situación. La implementación de cámaras de seguridad comunitarias, patrullajes coordinados y la promoción de redes de apoyo entre comerciantes son pasos en la dirección correcta.

En conclusión, la inseguridad en el comercio de la Región Metropolitana es un desafío que requiere atención urgente. No podemos permitir que el miedo y la desconfianza prevalezcan en las calles y sobre todo en nuestros barrios comerciales. Es hora de que todos los actores involucrados—gobierno, empresarios y ciudadanos—unamos fuerzas para recuperar la seguridad y la confianza en nuestra vida diaria. Solo así podremos garantizar un futuro próspero para el comercio y para todos los que habitamos la capital.

Por Aaron Astudillo, director de SIDECO y gerente general de Yolito.